Michoacán por la armonización de la norma en materia de derechos humanos: Ángel Cedillo

   Este miércoles presentará iniciativa  para  que Michoacán cumpla con pacto federal en materia del sistema penitenciario nacional

 

Michoacán está comprometido en el cumplimiento de la armonización normativa en materia de derechos humanos, afirmó el diputado presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso Local, Ángel Cedillo Hernández, quien dio a conocer que presentará la propuesta de reforma a la Constitución del Estado, para establecer dentro del artículo 94 el homologar la Ley local con el Pacto Federal en materia del Sistema Penitenciario Nacional.

El Diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD por el Distrito de Uruapan Norte, explicó que la propuesta busca establecer dentro de la Constitución del Estado, un sistema penitenciario para que en su aplicación y operatividad instituya el respeto a los derechos humanos, esto al referir que es urgente esta reforma, ya que resulta evidente que el sistema penitenciario está en crisis.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de su Plataforma de Seguimiento a la Armonización normativa de los derechos humanos, subrayó, Michoacán ha cumplido con 10 de los 11 principios en la materia, dejando pendiente instituir en la Constitución local, de manera expresa la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, lo que coloca a la entidad con 90.9 por ciento de cumplimiento.

Recordó que la reforma Constitucional en materia de derechos humanos entró en vigor en junio de 2011, sin embargo, hasta la fecha, sólo estados como Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, han cumplido al 100 por ciento de su armonización, mientras que Michoacán sólo en 90.9 por ciento de su ejecución.

Cedillo Hernández explicó que en México es evidente que el sistema penitenciario está en dificultades, sin embargo, el tema sigue sin ser objeto de discusión o el debate público, pese que se ha denunciado irregularidades y problemas en los mismos.

Agregó que si bien dichos espacios en teoría deberían responder al principio mínimo de la reinserción social, tal como lo establece la Constitución Federal, está lejos de cumplirse, ya que los esfuerzos de las políticas públicas en materia de prevención y combate al delito están centradas en la ampliación de infraestructura, “más cárceles, para más internos, sin pensar que la gran raíz del problema, se encuentra en la falta de un sistema penitenciario eficiente en el país”.

Puntualizó que los instrumentos internacionales, también dan cuenta de la trascendencia de establecer en la legislación, el sistema penitenciario con apego a los derechos humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual México es firmante, establece que Artículo 5 que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, de igual manera instituye que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Por ello, con esta propuesta, Ángel Cedillo, recalcó que lo que se busca es que el sistema penitenciario se desarrolle en base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él la ley  prevé.

“Las penas de privación la libertad, no podrán en ningún caso ir en contra de los principios del sistema penitenciario estatal y nacional que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, de las personas privadas de la libertad, que incluye un trato digno no degradante, separación entre procesados y sentenciados, derecho a la salud y atención médica, no hacinamiento, comunicación con su familia”.

“Toda pena debe ser proporcional al delito que sanciona y el bien afectado. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, determinarán los casos que serán resueltos de esta manera, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.

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